Piensa en un martes cualquiera. Tienes que consignar un escrito de tres páginas. Eso significa levantarte temprano, manejar hasta el tribunal, hacer la cola, esperar el sello. Medio día del despacho se fue en un trámite de quince minutos.
Ahora el dato que sorprende a muchos colegas: Venezuela tiene ley de firma electrónica desde 2001. Veinticinco años. La Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas reconoce a los documentos electrónicos la misma eficacia probatoria que a los escritos, y equipara la firma electrónica certificada a la de puño y letra.
Entonces, ¿por qué seguimos en la cola?
La respuesta corta
Porque una ley resuelve si el documento vale. No resuelve cómo trabaja el tribunal.
Son dos cosas distintas, y ahí está toda la explicación. Que tu contrato firmado electrónicamente tenga plena validez no significa que exista un canal para consignarlo, ni un funcionario habilitado para recibirlo, ni un expediente donde archivarlo. Para eso hace falta otra cosa: infraestructura, reglas de funcionamiento y —esto se subestima siempre— abogados que sepan usar la herramienta.
Dicho de otro modo: el marco legal lleva veinticinco años esperando que lo acompañen. Por eso vale la pena mirar con atención una noticia gremial reciente, que apunta precisamente a esa brecha.
La noticia, en claro
El Colegio de Abogados del Estado Anzoátegui, la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (CAVECOM-e) y la empresa proveedora de servicios de certificación electrónica AUTHENTICSING, C.A. (Authenology) presentaron una propuesta conjunta para impulsar la digitalización de la Justicia en Venezuela. La bautizaron con un lema: “Desde Anzoátegui para el mundo”.
La propuesta se plantea como un aporte al proceso de modernización tecnológica del sistema de Justicia que viene impulsando el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Comisión Especial de Tecnología y Digitalización de los Procesos del Poder Judicial (CETYDIP).
Tiene dos objetivos declarados:
- Democratizar el acceso a la firma electrónica certificada entre los profesionales del Derecho.
- Fomentar la transición paulatina hacia el expediente digital en el país.
Conviene subrayar la palabra propuesta. No es una reforma, ni una resolución, ni un cambio en el procedimiento. Es un ofrecimiento de un gremio y del sector privado al Poder Judicial. Eso no le quita importancia: le da el tamaño correcto.
Quién es quién en esta historia
Cuatro siglas en un mismo párrafo pueden marear a cualquiera. Vale la pena separarlas:
- CETYDIP. La comisión creada por el Tribunal Supremo de Justicia para llevar adelante la tecnología y la digitalización de los procesos del Poder Judicial. Es el interlocutor natural de cualquier iniciativa de este tipo.
- CAVECOM-e. La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, que agrupa al sector del comercio y los servicios electrónicos del país.
- Colegio de Abogados del Estado Anzoátegui. El gremio que pone la cara por los agremiados y, en este caso, el que lleva la propuesta al terreno del ejercicio profesional.
- AUTHENTICSING, C.A. (Authenology). Un proveedor de servicios de certificación electrónica (PSC). Son las empresas autorizadas para emitir los certificados que respaldan una firma electrónica certificada.
Que la iniciativa venga de un colegio regional y no de Caracas dice algo del momento: el interés por trabajar con documentos digitales ya no está concentrado en un solo lugar.
Qué se propone, en tres puntos
Según lo comunicado, la propuesta se mueve en tres frentes.
1. Un aporte institucional al Poder Judicial
En comunicación dirigida al Poder Judicial, CAVECOM-e manifestó su disposición de contribuir activamente con los planes de modernización tecnológica. Traducido: el sector privado se pone a la orden para acompañar el proceso, no para sustituirlo.
2. Acceso a la firma electrónica certificada para los abogados
El Colegio de Abogados de Anzoátegui y AUTHENTICSING proponen facilitar el acceso a la firma electrónica certificada entre los abogados del estado. Este es el punto que más directamente toca tu ejercicio, y por eso lo desarrollo más abajo.
3. Servidores en el país y formación del foro jurídico
La propuesta incluye también la adopción de infraestructura de servidores resguardados dentro del territorio nacional. Dicho sin tecnicismos: que los documentos y certificados de los abogados venezolanos se guarden en Venezuela, y no en un servidor del que nadie sabe dar razón.
En el mismo frente formativo se impulsa la difusión de actividades académicas especializadas, como el curso en línea “Firma Electrónica Certificada: Cómo migrar a documentos digitales según la jurisprudencia y regulación venezolanas”, dictado por el Dr. Gustavo Amoni.
La idea que resume el propósito la dejó el Director Nacional de Certificación Electrónica, abogado Javier Gómez González:
“…Que la firma electrónica no sea un obstáculo para la Digitalización de la Justicia en Venezuela…”
Es una frase que merece leerse dos veces. Reconoce algo incómodo: la herramienta que debía facilitar el camino se ha convertido, para muchos colegas, en el primer tropiezo. Porque cuesta, porque no se entiende, porque nadie explicó cómo se usa.
Qué cambia en tu día a día
Seamos honestos: mañana, nada. Tu escrito se sigue consignando igual. Pero una propuesta como esta anticipa hacia dónde se mueve el ejercicio, y hay tres consecuencias que sí te tocan de cerca.
El costo deja de ser la excusa. “Democratizar el acceso” significa, en buen criollo, que obtener un certificado electrónico deje de ser un lujo. Si eso ocurre, el argumento de “eso es para las firmas grandes” se cae solo.
El expediente digital cambia la geografía de tu trabajo. El día en que puedas consignar sin trasladarte, tu radio de acción deja de ser tu ciudad. Puedes llevar casos en otras jurisdicciones, atender a un cliente que vive afuera, organizar tu semana sin que la cola del tribunal la gobierne.
El cliente lo va a notar antes que tú. El venezolano ya firma electrónicamente en el banco, en la aerolínea, en la empresa donde trabaja. Cuando le pidas que imprima, firme, escanee y devuelva, ya no lo va a leer como formalidad. Lo va a leer como atraso.
Qué puedes hacer desde ya
No hace falta esperar a que el proceso termine para adelantar trabajo. Cuatro pasos sensatos:
- Entiende bien la herramienta. Firma simple y firma certificada no son lo mismo, y hay actos que ninguna de las dos sustituye. Si no lo tienes claro, empieza por aquí: qué validez legal tiene la firma electrónica en Venezuela y cuándo usarla.
- Pregunta en tu Colegio. Si eres de Anzoátegui, consulta las condiciones para los agremiados. Si eres de otro estado, pregunta si hay algo parecido en camino. Los gremios se mueven por presión de sus miembros.
- Ordena tus archivos digitales antes de necesitarlos. Un expediente digital no sirve de nada si tus documentos viven regados entre WhatsApp, el correo y tres carpetas del escritorio. Empieza por tus casos activos.
- Fórmate mientras el tema está tibio. Cuando esto sea obligatorio, aprenderlo será una urgencia. Ahora todavía es una ventaja.
Lo que todavía no está definido
Un consejo entre colegas: lee este tipo de anuncios con entusiasmo moderado. Lo que hoy se conoce es una propuesta presentada, y quedan preguntas abiertas que nadie ha respondido.
- No hay fechas. No se anunció cronograma ni fase de arranque.
- No hay condiciones publicadas. Qué costo tendría el certificado para el agremiado, y bajo qué modalidad, está por conocerse.
- No hay respuesta oficial. Una propuesta dirigida al Poder Judicial necesita del Poder Judicial para convertirse en algo más.
- El alcance es regional, por ahora. Nació en Anzoátegui. Que se extienda a otros colegios es una posibilidad, no un hecho.
Nada de esto le resta valor a la iniciativa. Al contrario: conviene seguirle la pista, porque lo que se defina aquí probablemente marque la pauta para el resto del país.
El fondo del asunto
Volvamos a la pregunta del principio. Seguimos haciendo cola no porque falte la ley, sino porque durante veinticinco años nadie cerró la distancia entre lo que la ley permite y lo que el ejercicio diario hace. Esa distancia no se cierra con un anuncio: se cierra cuando hay herramientas accesibles, reglas claras y profesionales formados. Los tres a la vez.
Y conviene no perder de vista lo importante. La tecnología no va a mejorar tu trabajo por sí sola: un expediente digital no redacta un mejor escrito ni gana una audiencia. Lo que hace es devolverte algo que hoy se te va en traslados y colas: tiempo para pensar tus casos y atender a tus clientes.
Ese es el verdadero titular. El resto son siglas.
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